Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Crece “el huachicoleo de agua” en el Edomex, ese robo abierto al vital líquido y que aparejadamente con la crisis y hídrica, en diferentes zonas de la entidad mexiquense se ha convertido en un gran conflicto de dimensiones políticas, sociales y económicas

+ La situación ha llegado al límite, en donde el Gobierno del Estado de México en coordinación con la FGJEM, la Sedena, Marina, Policías Estatal y Municipal, implementaron el “Operativo Caudal”, en 48 demarcaciones territoriales, logrando resultados impecables

++ En la NZT, como en el Oriente, Poniente y Sur, operan diferentes redes delictivas, que han hecho del agua su “jugoso negocio” que hoy en día les deja millonarias ganancias…

+++ Punto y Aparte+++ ONU activa artículo 34 contra México por desapariciones forzadas; colectivos y ONG ven oportunidad histórica para rendición de cuentas

En distintos lugares del país, y sobre todo en los espacios de mayor concentración urbana, y que al margen de los enormes desafíos que enfrentan este tipo de concentridades en numerosas áreas de oportunidad como en pobreza patrimonial o falta de certeza jurídica, conflictos de movilidad, seguridad, y falta de servicios, entre otros déficits, lo más grave y justamente lo es el hidrochicoleo del agua, ese robo abierto del vital líquido con la introducción de indefinidad de tomas clandestinas en empresas, centros comerciales, y viviendas; la sobreexplotación de pozos, y “la presumible venta del líquido” en pipas quizá no reguladas.

La verdad que el asunto no es menor, y ocurre en las diversas regiones del estado de México que lidera la maestra Delfina Gómez y sus municipios, en el que hay que decirlo como es, “el agua se ha convertido en muchos casos en un tema que alcanzó el conflicto político”, derivado de la crisis del elemento de vida; el estrés hídrico, los bajos niveles del sistema Cutzamala, los recurrentes recortes a demarcaciones territoriales desde hace ya dos años atrás y otras fuentes de abastecimiento que tampoco garantizan cubrir la enorme demanda del servicio, pero también, y en el grave caso, la creación de importantes redes delictivas de venta ilegal del afluente.

El delicado asunto llegó al límite en el Edomex, en donde el GEM arrancó hace unos días “El Operativo Caudal” en 48 municipios contra el “huachicoleo” de agua y así combatir su lucro ilícito e interrumpir la cadena de comercio indebido, en coordinación con La Fiscalía General de Justicia (FGJEM), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), la Defensa Nacional (Sedena), la Marina (Semar),Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Estatal, junto con corporaciones policiacas locales e intervenir de manera simultánea más de 190 pozos y tomas de agua presuntamente utilizadas para la extracción, sobreexplotación, acaparamiento, distribución o venta irregular del líquido.

De acuerdo con la Fiscalía mexiquense, el operativo se sustenta en diversas carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público, así como en denuncias ciudadanas que alertaron sobre el desvío y la comercialización ilegal del recurso. En las acciones participaron participan también la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y organismos operadores municipales para garantizar la correcta supervisión de las fuentes y asegurar que las operaciones no afecten el suministro regular a la población en cada una de las demarcaciones de mayor “saqueo del recurso”, y en donde los mismo ocurre en municipios del Oriente, Poniente, como en el Sur de la entidad.

Las diligencias permitieron identificar cadenas de comercio ilícito de agua que utilizan pozos sin autorización, con infraestructura mecánica y eléctrica para su sobre explotación, o redes municipales de donde se hurtaba el líquido sin que los recursos fueran incorporados al erario o a algún organismo administrador. La FGJEM reveló que, en complicidad con autoridades municipales, redes de huachicoleo vendían agua 60% más cara en el Edomex, las cuales eran operadas por organizaciones sociales con fachada de sindicatos, comisariados ejidales y particulares; aunque de ellas, o las más visibles, en los últimos días se han desligado de las acusaciones directas.

En nuestro caso más cercano, La Zona de Naucalpan y Tlalnepantla, así como sus demarcaciones periféricas al conglomerado urbano de la (NZT), entre ellas Huixquilucan, Ecatepec, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Coacalco, Tultitlán, Tepotzotlán, Huehuetoca, Tultepec, municipios que gobiernan los alcaldes; Isaac Montoya; Raciel Pérez Cruz, Romina Contreras, Azucena Cisneros, Juana Carrillo, Daniel Serrano, Yoselín Mendoza, David Sánchez Isidoro, Ana María Castro Fernández, María de los Ángeles Zuppa, “Gelys”; Juan Manuel López Adán y Marco Antonio Cruz, respectivamente, la intervención ocurrió de manera tanto sorpresiva como impactante en algo ya seguro y que efectivamente, era un “secreto a voces”.

En verdad, en cada lugar, en cada municipio literal, “medio mundo sabe, conoce de esas cadenas del huachicol del agua y sus operadores, de quienes presuntamente tienen el control y explotación de numerosos pozos, y el abastecimiento ilícito, o en alguna de tantas tomas clandestinas, y hasta la venta ilícita, pero es más grande el temor a la denuncia “por quiénes son”, y en el gravísimo caso, la propia La FGJEM precisó que, mientras el costo regulado promedio es de mil 131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, en la región de Ecatepec era comercializada con sobre costo de 59 por ciento.

Asimismo, en Cuautitlán, 41.4% más; en Tlalnepantla, con 32.42% extra; y en Toluca, con casi 10% de sobre precio, por citar algunos ejemplos, mientras los porcentajes se incrementaban para el uso industrial y residencial de alta plusvalía. Durante la “Operación Caudal”, implementada la madrugada del pasado viernes por los tres órdenes de gobierno en 48 municipios mexiquenses, fueron intervenidos 189 inmuebles, donde fueron localizados 51 pozos y 138 tomas de agua clandestinas. De igual forma, fueron asegurados 322 transportes tipo pipas de diferentes capacidades, 37 vehículos diversos, y detenidos siete sujetos en flagrancia.

El operativo también ocurrió en Acolman, Almoloya de Juárez, Amecameca, Atenco, Calimaya, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coyotepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtlahuaca, Nezahualcóyotl, Ocoyoacac, Otumba, San Antonio la Isla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa María Rayón, Soyaniquilpan, y Texcoco, entre otros municipios, y que seguro, habrá nuevas intervenciones, para superar el enorme problema, que decíamos, viene creciendo en paralelo a la crisis hídrica y a la falta de vigilancia sobre los sistemas locales de abastecimiento, las presumibles complicidades y en indistintos casos, posibilitar la corrupción e impunidad.

Sin embargo, en la réplica contra el “Operativo Caudal”, no se ha hecho esperar, en donde trabajadores de potabilizadoras y piperos, mostraron su inconformidad realizando una serie de movilizaciones como medida de presión, desquiciando prácticamente la ciudad y distintos municipios, toda vez que mientras las autoridades del Estado de México sostienen que el objetivo es desmantelar el “huachicol del agua”, que encarecía el servicio; los empleados acusan que la medida los dejó sin sustento y sin alternativas para seguir operando, al tiempo que demandan la reapertura de pozos o la instalación de puntos de abastecimiento a precio justo, y en ello, también el desmarque de “organizaciones sociales, con según fachada de sindicatos, comisariados ejidales y particulares, y que habrán de endurecer eficazmente, su “lucha” en las calles en próximos días.

+++ Punto y Aparte+++ ONU activa artículo 34 contra México por desapariciones forzadas; colectivos y ONG ven oportunidad histórica para rendición de cuentas

Ciudad de México.— La activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por parte del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha generado un debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

Expertos, activistas y organizaciones civiles coinciden en que la medida representa una oportunidad histórica para la rendición de cuentas y la implementación de estrategias efectivas de búsqueda y prevención.

El CED, integrado por 10 expertos independientes en derechos humanos, tomó la decisión tras analizar información recibida desde 2014, incluyendo denuncias, acciones urgentes, comunicaciones individuales e informes derivados de su visita a México.

El artículo 34 establece que, si el Comité encuentra indicios de una práctica sistemática de desapariciones forzadas y tras solicitar información al Estado considera que la situación lo amerita, puede llevar el asunto ante la Asamblea General de la ONU a través del Secretario General.

“Cuando no tienes una estrategia nacional de búsqueda ni de investigación, y las comisiones trabajan con cinco personas para buscar a 5 mil desaparecidos, eso es omisión. Y eso es aquiescencia. Y eso convierte todas las desapariciones en forzadas”, señaló Grace Fernández, activista del colectivo Búscame.

Definición y contexto internacional

Según la Convención, la desaparición forzada implica el arresto, detención o secuestro por agentes del Estado o personas que actúan con su autorización, seguido del ocultamiento del paradero o la negativa a reconocer la detención, dejando a la víctima fuera de la protección de la ley.

El artículo 5 establece que la práctica sistemática o generalizada constituye un crimen de lesa humanidad, con consecuencias en el derecho internacional, incluida la posible revisión por la Corte Penal Internacional, de la cual México es parte.

Respuesta del gobierno mexicano

La cancillería mexicana declaró que el país está abierto al escrutinio internacional, pero calificó las afirmaciones del CED como “carentes de sustento”.

Aseguró que se ha fortalecido la búsqueda de personas y que se presentó un informe detallado al Comité que debe ser analizado “con objetividad antes de emitir nuevos juicios”.

Perspectiva de colectivos y ONG

Para activistas como Grace Fernández, el procedimiento internacional es una herramienta clave para cuestionar al Estado y exigir responsabilidad.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, consideró la activación como un reconocimiento internacional de la gravedad de la crisis, que se ha intensificado desde 2007 con la militarización de la seguridad pública.

Revisión internacional sobre la capacidad del Estado para enfrentar la crisis.

Cooperación y diálogo internacional, que incluya tecnología, estrategias y apoyo forense.

Ávila advirtió que, de determinarse responsabilidades, el caso podría escalar a la Asamblea General de la ONU, donde los Estados miembros decidirían posibles sanciones o mecanismos de cooperación.

La crisis de desapariciones en cifras

Entre el 1 de enero de 2007 y el 26 de octubre de 2025, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 338,879 personas desaparecidas.

120,196 siguen sin ser localizadas (35.47%).

218,683 han sido localizadas con o sin vida, de las cuales 17,895 se encontraron sin vida (8.18%).

Estados con mayor número de desaparecidos:

Estado de México: 14 mil 500

Jalisco: 14 mil 263

Tamaulipas: 13 mil 488

En total, suman 131 mil 218 personas desaparecidas y no localizadas en todo el país desde 2007.

Fuente: “El Imparcial, México”…

Tadeo Campoy

27 de octubre del 2025…