Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Arroja numerosas lecturas, supuestos y presumibles líneas de investigación el móvil del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el pueblo quiere que autoridades apuñen la verdad del indignante caso

+ Efectivamente el homicidio arrojó indefinidad de hipótesis a indagar, pero lo que es un hecho, es que la ciudadanía está lastimada, está dolida por lo que está ocurriendo no sólo en Michoacán sino en el país entero, y además resurja el discurso y busquen culpables de un gobierno que inició la “Guerra contra el crimen Organizado”

++ En el grave problema, y no es por demás desmeritar la estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” que es muy posible que ha resultado todo un éxito para una enorme parte de Mexicanos, y la otra que piensa diferente al oficialismo, es un verdadero fracaso.

+++Punto y Aparte+++ Municipios, el rival más débil de la violencia política, con 253 agresiones en seis meses

Del lamentable caso del crimen del alcalde independiente de Uruapan, Michoacán de Ocampo; Carlos Manzo, compartimos que es de uno y diversos análisis, de uno y distintos móviles del artero asesinato, de una y numerosas lecturas, que habrán de irse disipando en el tiempo; a la vez de culparse unos y otros, de justificarse y no asumir responsabilidades de lo ocurrido y decíamos, en el aquí y el ahora y claro, sobre la marcha, la instrumentación de las tantas indagatorias que también habrán de ocurrir hasta llegar al fondo del asunto, y en eso, en cada una de las investigaciones, apuñar la verdad.

El tema nada sencillo a descifrar, en un marco referencial efectivamente de elevada violencia y criminalidad en muchas de las entidades federativas del país. “México está ensangrentando; dividido, polarizado y fragmentado. El México de los fifis; el de los clasistas, racistas, o conservadores; y el México de los Chairos; de la poderosa nova élite de las fuerzas progresistas” y de un movimiento que logró despertar conciencias ciudadanas hasta alcanzar el poder público e instalar el histórico e igualmente, un nuevo régimen político que inició en el 2018, con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, y su continuidad con La Presidenta, Claudia Scheinbaum Pardo.

Los primeros análisis y aproximaciones del caso, o trascendidos comunican de un crimen político o de Estado, por la forma de la ejecución el pasado sábado 1° de noviembre, y una línea más, la posibilidad de que algún grupo delincuencial de la región estuviese involucrado en el artero asesinato, derivado de las sistemáticas denuncias que el edil de Uruapan realizó y llamó la atención al propio Gobierno Federal para apoyarlo en su lucha, al Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch y a la propia Presidenta, Scheinbaum, a no dejarlo sólo en esta cruzada para devolver la tranquilidad y la paz a este importante municipio de Michoacán.

Por otra parte, y cada quien sabe de los niveles precisamente de responsabilidad, y como que utilizar el discurso de acusar a el ex Presidente Felipe Calderón, de la muerte de Manzo, por iniciar en su Sexenio, 2006-2012, la lucha contra el narcotráfico, casi dos década atrás, la corrupción en su periodo de gobierno, y a Genaro García Luna, sentenciado en los EEUU de Norteamérica, por sus vínculos con el crimen organizado, y a siete años del “novo régimen”, creo y perdón, a estas alturas la narrativa “no checa”; y aun así, o a la mejor tienen toda la, razón, desafortunadamente esto creció de manera exponencial al menos en el último lustro.

En el actual gobierno de las fuerzas progresistas, lamentablemente tienen sus imputaciones directas del mismo modo y digo con sus dimensiones del caso; la presunción del coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el senado, Adán Agusto López Hernández, y los nexos con el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”; Hernán Bermúdez Requena, siendo gobernador de Tabasco el parlamentarista, mientras que el segundo, fungía como su secretario de seguridad en aquel entonces, y de ello, a este momento, una serie de figuras de todo calibre en la política del país involucrados con el crimen organizado.

En el grave problema, y no es por demás desmeritar la estrategia de seguridad de “abrazos y no balazos” que es muy posible que ha resultado todo un éxito, y quizá una gran parte de Mexicanos, la otra que piensa diferente al oficialismo por fortuna; no la ha entendido, y los resultados son sumamente extraordinarios, de esos “resultados como las cifras negras del delito que no se ven, o que no hay registros palpables”, pero ahí están rindiendo sus frutos; y más todavía que Carlos Manzo y su legado, los asesinatos de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca; Bernardo Bravo, líder de un sector de limoneros en Apatzingán y otras muertes que han indignado al pueblo Michoacano, qué poder esperar que ocurra.

Finalmente, y en la retrospectiva, el “Michoacán Caliente”, el de la Meseta Purépecha, el de Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, el del homicidio del líder de las Auto defensas, Hipólito Mora; los gobernadores del PRI Fausto Vallejo, PRD, Silviano Aureoles, y el actual de morena, Alfredo Ramírez Bedolla, y otros de los últimos años, Victor Manuel Tinoco Rubí, Lázaro Cárdenas Betel y Leonel Godoy, que, en verdad nadie ha podio y pudo hasta el momento, superar la enorme complicación de los altos niveles delictivos, la corrupción e impunidad en esa gran parte del Bajío del país, y que es un lastre que ha carcomido sinceramente a las instituciones y al propio pueblo…

+++Punto y Aparte+++ Municipios, el rival más débil de la violencia política, con 253 agresiones en seis meses

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán, agitó la caja de Pandora que durante años ha simbolizado la violencia política en México. En el primer semestre de 2025 se registraron 253 ataques contra actores políticos, y durante el sexenio de Claudia Sheinbaum, diez alcaldes han sido asesinados.

El alcalde Manzo, crítico del gobierno federal y decidido a enfrentar a la delincuencia organizada, se había ganado reconocimiento ciudadano incluso por portar casi siempre un chaleco antibalas, un símbolo de la amenaza constante que enfrentaba. Ciudadanos lo comparan ahora con Luis Donaldo Colosio, víctima de un asesinato igualmente perturbador, aunque con menor resonancia política.

Para los especialistas, su muerte no solo desnuda la vulnerabilidad de los funcionarios locales, sino también evidencia la incapacidad del Estado para garantizar que ejercer la política no se convierta en una sentencia de muerte.

La crisis

De acuerdo con el Reporte Semestral de Integralia, de los 253 ataques contra actores políticos que se registraron de enero a junio de 2025, 112 fueron asesinatos, 74 amenazas, 33 atentados armados, 17 secuestros, 11 desapariciones vinculadas a motivos políticos y 6 de otros delitos menores como robos. Estos hechos ocurrieron en 29 de las 32 entidades del país, una estadística que describe un país donde la violencia ha dejado de ser geográfica para convertirse en estructural.

En los hallazgos, Integralia advierte que la violencia política es síntoma y motor de un proceso de captura institucional, donde los grupos delictivos imponen condiciones a gobiernos municipales debilitados. Atribuyen que a través del control del territorio, la extorsión y el “derecho de piso”, las organizaciones criminales sustituyen de facto al Estado, definiendo quién gobierna, quién se somete y quién muere.

Municipios

El patrón de los datos define que los municipios con instituciones más débiles son los que pagan el precio más alto.

El 79 por ciento de las víctimas de estos ataques son funcionarios, exfuncionarios o aspirantes a cargos locales. No se trata de coincidencia. Los municipios, con presupuestos pequeños y estructuras de seguridad precarias, son el punto de entrada ideal para el control territorial.

En cuanto a filiaciones partidistas, Morena concentra 73 víctimas, seguido por el PT con 28 y el PRI con 27. Sin embargo, los 69 casos sin afiliación política confirman que el fenómeno trasciende las siglas, de que no es un conflicto ideológico, sino un ajuste de cuentas entre quienes intentan ejercer autoridad y quienes ya la ejercen con armas.

Durante el primer semestre de 2025, el 63 por ciento de los ataques se dirigieron contra funcionarios o exfuncionarios públicos, y el número de aspirantes agredidos aumentó del primer al segundo trimestre, de 14.6 por ciento a 21.7 por ciento.

Alcaldes con Sheinbaum

Desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, el cargo de alcalde se ha convertido en uno de los más peligrosos del país.

Diez ediles han sido asesinados: Alejandro Arcos Catalán en Chilpancingo, Guerrero, ejecutado apenas seis días después de asumir su cargo en octubre de 2024; Román Ruiz Bohórquez, de Candelaria Loxicha, Oaxaca, asesinado a puñaladas ese mismo mes; Jesús Franco Lárraga, de Tancanhuitz, San Luis Potosí, muerto en un ataque armado mientras viajaba en diciembre de 2024; Mario Hernández García, de Santiago Amoltepec, Oaxaca, emboscado junto a sus escoltas en mayo de 2025; Isaías Rojas Ramírez, de Metlatónoc, Guerrero, atacado a tiros en la autopista del Sol en junio de 2025; Yolanda Sánchez Figueroa, primera alcaldesa de Cotija, Michoacán, acribillada en junio de 2025; Salvador Bastida García, de Tacámbaro, Michoacán, asesinado al llegar a su domicilio ese mismo mes; Lilia Gema García Soto, de San Mateo Piñas, Oaxaca, víctima de cerca de 60 disparos en el Palacio Municipal en junio; Miguel Bahena Solórzano, de Pisaflores, Hidalgo, muerto en un ataque armado en octubre; y finalmente, Carlos Manzo.

Quiebre del sistema

El consultor senior en seguridad y riesgo político en Integralia, Jorge Saulo Dávila, señaló en entrevista para El Debate que el reporte semestral sobre violencia política ofrece un panorama contundente que revela que la mayoría de los casos registrados se concentran en funcionarios públicos, militantes de partidos y candidatos, principalmente a nivel municipal.

Indicó que ese dato “abre la puerta” para entender el verdadero punto de quiebre del sistema político. “Si sabemos que los más endebles son los municipios, que desde la Federación se sigan tomando decisiones acotadas, y me refiero a acotadas porque últimamente lo hemos visto con esta estrategia de seguridad bastante rimbombante. Se centran en los casos más mediáticos y en la urgencia. La urgencia de Estados Unidos, la urgencia de Sinaloa, la urgencia es Guanajuato, la urgencia es Tabasco, Puebla, quizás en Baja California. Tamaulipas sigue manteniendo igual que Zacatecas, pero y ahora, si usted ve ahora que salieron todos estos casos de extorsión en Michoacán a los limoneros y aguacateros, porque ya tienen tiempo, pero que volvió a salir. Pues ahora también se enfocan allá”, ejemplificó.

Centralización

Dávila explicó que este enfoque refleja una centralización de la seguridad en manos de la Federación, lo cual, a su juicio, tiene ventajas y desventajas. Entre las primeras, mencionó que el poder de fuego del Estado federal supera con creces al de las organizaciones criminales, lo que se confirma en la mayoría de los enfrentamientos.

Sin embargo, advirtió que esta misma centralización limita la capacidad de los gobiernos locales para diseñar políticas propias que respondan a las dinámicas delictivas específicas de cada región.

Por su parte, la analista política Ruby Soriano consideró que el caso de Carlos Manzo es la gota que ya derramó el vaso sobre la violencia política en el país. Consideró que la presidenta ha mantenido una estrategia de seguridad heredada, aunque con un sello propio. “Lo que estamos viviendo en México es una descomposición importante de gobiernos y de cuerpos de seguridad, eso hay que decirlo. Yo creo que también implica un golpe importantísimo para el hombre más fuerte después de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es Omar García Harfuch”, expuso.

Riesgos

En este escenario, señaló que el secretario de Seguridad y Participación Ciudadana es un funcionario que ha ido ganando poder e influencia a partir de los operativos que ha desplegado. Sin embargo, advirtió que situaciones como la de Carlos Manzo revelan los límites de esa estrategia. Explicó que se trata del mismo tipo de denuncias que vienen haciendo numerosos presidentes municipales, gobernadores y diputados, incluso de Morena, quienes reconocen el riesgo real que enfrentan en sus propias entidades.

Además, señaló el incremento en el riesgo político y social a corto plazo. Soriano enfatizó que se está convocando a una marcha para el 15 de noviembre por parte de la “Generación Z”, y expresó su preocupación por la falta de claridad en torno al movimiento. “Y ahí se puede detonar un riesgo de violencia que podemos lamentar muchísimo en el país. Sí me parece que en este momento la presidenta tendría que volverse a sentar con todo el gabinete de seguridad para replantear en qué punto sí conviene hacer cambios”, sostuvo.

Para Ruby Soriano, este momento le pega también a su legitimidad como presidenta del país, al poner en evidencia la vulnerabilidad de su estrategia de seguridad frente a una violencia política que no deja de expandirse.

Violencia política y hartazgo social cimbran a la democracia: especialista

Para el especialista Fernando Ojesto, uno de los problemas más graves que enfrenta la democracia es la violencia política, que se ha manifestado desde diversas trincheras, incluso desde el intento de ser candidatos. En entrevista para El Debate, señaló que cuando la violencia se concentra más en las presidencias municipales, se refleja un fallo en el primer contacto que el Estado debe tener con la ciudadanía. Explicó que aunque puedan existir políticas y estrategias de seguridad desde el gobierno federal que funcionen parcialmente, si no se ven reflejadas a nivel municipal, “me parece que no podríamos hablar de estrategias exitosas”.

Desde el aspecto legal, el abogado indicó que las movilizaciones o manifestaciones que surgen a raíz de este tipo de atentados, como las que plantea la Generación Z, deben legitimarse. “Eso es muestra del hartazgo que tiene la sociedad frente a este tipo de cuestiones.

Esta cuestión específica del alcalde Carlos Manzo, pues por supuesto que debe de cimbrar a la sociedad porque era abiertamente conocido la posición del alcalde frente al problema del narcotráfico en Uruapan”, expuso.

Fernando Ojesto añadió desde un punto de vista legal y social que es importante respetar los límites de la libertad de expresión y que las autoridades deben ser sensibles ante este tipo de movimientos, legitimizándolos en lugar de deslegitimarlos.

Fuente: “Debate, México”

Lorena Caro

04 de noviembre del 2025…