Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Lamentable, pese a todo tipo de operativos en el Edomex, la percepción de inseguridad sigue siendo negativa

+ Los mexiquenses a falta de resultados concretos, han venido intentando hacer vida en medio de la violencia y al límite, de cuidarse por sí mismos.

++ La sistemática sensación de inseguridad de la gente y la impotencia son sentimientos del fracaso oficial.

+++Punto y Aparte+++ INE vigilará la transparencia de los partidos políticos en lugar del INAI

Aún y con los innumerables y controvertidos operativos desde el Gobierno de México, y el Edomex para superar el delito en sus 125 municipios, las cosas en verdad no cambian de manera drástica, algo así como andar en las calles, en los centros comerciales, en la zona de bancos con toda la tranquilidad; y sí es cierto, hay miedo por diversas partes, en los lugares “cero” en los mapas criminales, incluso en propia casa, y lo peor, que prácticamente la capacidad de asombro en muchas partes del país se ha perdido, en donde la gente ha venido intentando hacer vida en medio de la violencia y al límite, de cuidarse por sí mismos.

En esa parte, y claro que, ciertamente algo grave sucede en estas tierras mexiquenses, al margen de las indistintas Estrategias de Seguridad Ciudadana instrumentadas por el Gobierno Federal y la Presidenta con “A”, Claudia Sheinbaum Pardo, o por las Secretarias de Estado inmersas en la materia, como la SSC que dirige Omar García Harfuch; La Sedena, que comanda el General de División, Ricardo Trevilla Trejo y sus diferentes zonas militares y mandos, así como el Almirante, Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Marina, y todo un ejército literal, en búsqueda de la pacificación del país, y de manera particular el Edomex que no tiene los resultados deseados.

Hoy en día, y con todos los dispositivos sumamente cuestionados y sectorizados como “El Enjambre, sobre funcionarios vinculados a la delincuencia organizada; El Atarraya, en comercios y negocios; chelerías y barberías, con supuesta venta de estupefacientes, o el Bastión, dirigido a inmuebles, propiedad de grupos delictivos; entre ellos ranchos, fincas, casas, bodegas, mansiones e islotes”, confiscados a “la Familia Michoacana” por el Gobierno de México, en municipios del sur mexiquense en los que destacan Sultepec, Tejupilco, Temascaltepec y Tlatlaya, entre otras localidades, no obstante la percepción de seguridad sigue siendo negativa.

La situación sigue siendo complicada para el GEM, que encabeza la maestra Delfina Gómez Álvarez, y su gabinete de seguridad que incorpora a los Secretarios General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, y de Seguridad, Cristóbal Castañeda, respectivamente, el Fiscal de Justicia del Edomex (FGJEM), José Luis Cervantes, y numerosos mandos de la Sedena y La Marina, Armada de México, que es innegable su trabajo; pero insistimos, rara cosa pasa que la línea del crimen se sostiene con más posibilidades a la alta que a la baja, delitos como la extorsión y los homicidios dolosos, en los cuales ya no se investiga y son clasificados como presuntos ajustes de cuentas.

Por otra parte, el estar sujetos a las buenas cuentas que deriven de la Estrategia Operativa Oriente (EOO), en apoyo a 11 municipios de la zona, incluido fuera de la región Naucalpan, que preside el alcalde Isaac Montoya, para que los índices delictivos bajen en esas demarcaciones, consideradas en este dispositivo, que abarca todo “un corredor, de Texcoco, con Nazario Gutiérrez; Ecatepec, Azucena Cisneros; Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, Nezahualcóyotl, Adolfo Cerquera, a San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán, La Paz, Chalco y Valle de Chalco”, en que el dolor, la sistemática sensación de inseguridad y la impotencia son sentimientos del fracaso.

Los mexiquenses no pueden sobrevivir más tiempo así, y entre la indolencia y la incapacidad, la gente está cansada de vivir con miedo; vivir en paz también es suyo y nuestro derecho, urge un buen blindaje en el Edomex, que los ayuntamientos hagan lo que les corresponde realizar, que trabajen a fondo en sus corporaciones policiacas, y sí, que “las limpien”, que implementen todos y cada uno de los correspondientes exámenes de control de confianza, psicométricos, toxicológicos, y los certifiquen; que sus órganos de justamente control como las comisiones de Honor y Justicia o de Asuntos Internos, lleguen hasta sus últimas consecuencias.

+++Punto y Aparte+++INE vigilará la transparencia de los partidos políticos en lugar del INAI

En el último día del plazo establecido, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una serie de reformas internas que le otorgan la facultad para supervisar a los partidos políticos en materia de transparencia, tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Con esta decisión, el INE se convierte en la entidad responsable de garantizar que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones en cuanto al acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Los consejeros electorales avalaron que dos instancias dentro del instituto serán competentes en la materia: el Órgano Interno de Control (OIC), como autoridad garante respecto al INE como sujeto obligado; y el propio Consejo General, como autoridad garante respecto a los partidos políticos.

Además, se creó una Comisión Temporal integrada por las consejeras Rita Bell López, Norma Irene de la Cruz y Claudia Zavala, que se encargará de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.

Durante la sesión, que duró menos de 10 minutos, se aprobaron sin debate las reformas al Reglamento Interior del INE y a los reglamentos en materia de transparencia y protección de datos personales. Estas modificaciones establecen que el instituto será ahora la entidad encargada de garantizar estos derechos en lo que respecta a los partidos políticos.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, aseguró que, con el nuevo marco normativo, el INE refuerza su rol en garantizar el acceso a la información, proteger datos personales y resolver recursos de revisión, fortaleciendo así la transparencia y los derechos de los ciudadanos.