Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Cuestionan en Edomex el controvertido “Operativo Atarraya”, el cual ha dejado más dudas que los grandes resultados, quieren renuencia del Fiscal Cervantes

+ Legisladores y dirigentes de partidos político incriminan el impactante dispositivo sobre diversas unidades económicas, desde chelería, expendios de venta de comida y alcohol, hasta barberías y estéticas que terminó por criminalizar a todo un sector de la población.

++ Propietarios de negocios suben videos a redes sociales de la “siembra de drogas” para justificar la suspensión de giros y detenciones, considerando que este “operativo es lo más cercano a el cobro de un derecho de piso”.

+++Punto y Aparte+++ Sin artículos promocionales en campañas, candidatos de elección judicial

Es de lamentar, el fallido operativo denominado "Atarraya" que ha provocado la indignación social a consecuencia de la presumible "fabricación de delitos" en todo tipo de unidades económicas del estado de México y en verdad, el grave asunto ha llegado a un elevado grado de desconfianza en todas y cada una de las fuerzas del orden, aunado a la denuncia ciudadana de violación artera al debido proceso, a los derechos humanos y no menos peor, sin orden de cateo invadir la privacidad de negocios, sin ningún tipo de orden judicial y arrasar con todo a su paso; colocar los groseros sellos de suspensión según por "información de inteligencia y quejas vecinales" de la presunta venta de estupefacientes, alcohol sin permiso y explotación sexual.

Enmedio de la enérgica demanda de propietarios de diversas unidades económicas contra los dispositivos más que de revisión, son de suspensión de actividades, "el aplicar de nueva cuenta todas las fuerzas del orden del Estado contra barberías" que, por supuesto, generó la irritación y amplió el descontento social, del sector económico y comercial del estado de México, de representantes populares y dirigentes de partidos políticos, y que no han dudado en llamar a la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, al responsable de la política interior de la entidad, Horacio Duarte Olivares, a intervenir en el caso, y hasta exigir la renuncia del Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes, desde el Congreso Local, por del diputado, Octavio Martínez.

Asimismo, y aunado a tal contexto, la postura de la coordinadora operativa de Movimiento Ciudadano (MC), en el estado de México y su dirigente Juanita Bonilla y frente al mal desempeño del “Operativo Atarraya”, que terminó por criminalizar a todo un sector de la población, el pedir explicaciones a través de su representación en la legislatura local, federal y ayuntamientos, así como a la gobernadora Delfina Gómez, y respuestas claras, además de la carga de inconsistencias y presuntas irregularidades que presentó el dispositivo, y el emplazamiento y solicitud ahora del legislador emecista, Jorge Jiménez para que el Fiscal Cervantes comparezca ante el Pleno del parlamento explicar las irregularidades y los resultados del operativo.

De acuerdo con el diputado Jiménez, el precisamente dispositivo que en principio debería generar confianza y seguridad en la ciudadanía, ha causado preocupación y desconfianza debido a las presuntas prácticas ilícitas de algunos de los agentes involucrados. El tema lo hemos venido comentando en distintos momentos; no es menor y ante tanto testimonio documentado, videos incluso subidos a las redes sociales de propietarios de negocios; “chelerías, cervecerías, bares, expendedores de alimentos y bebidas, barberías y estéticas, los bloqueos en vialidades intermunicipales o en periférico norte, y en nuestro caso más cercano, en la Zona, Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza (NZT), y demarcaciones periféricas a esta conurbación, la acusación directa a la FGJEM de indefinidad de ilícitos.

En la misma medida, el diputado de morena Valentin Martínez Carrillo mediante un punto de acuerdo exhortó al Fiscal, Cervantes a que inicie los procedimientos administrativos correspondientes para garantizar la correcta integración de las carpetas de investigación, y quienes cometen delitos sean sentenciados en apego al debido proceso, y es que parece mentira que ha estas alturas no se tienen esas justamente carpetas, en la que propietarios de unidades económicas nada saben que hacer y que no sea “una mochada”, a efecto de contar con la información requerida e iniciar con “la tramitología” y poder liberar los aparatosos sellos fijados en sus cortinas, aún y cuando unos de manera pronta y expedita o medir el “tamaño de la UMA como para reabrir sus puertas”.

Por otra parte, la denuncia del sector económico y los servicios al considerar “El Operativo Atarraya”, lo más cercano a un cobro de derecho de piso con impactantes efectos no sólo a propietarios de negocios, sino a personal que labora en esos lugares, dejándolos sin trabajo o perdiendo su fuente de ingresos, y en ese marco de referencia, todavía el tener el total respaldo de la propia gobernadora Delfina Gómez, del actuar de la Secretaría de Seguridad Federal que encabeza Omar García Harfuch, toda vez que la presumible estrategia conjunta que involucra a la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad del Gobierno Federal, así como a la Secretaría de Seguridad estatal y la FGJEM, viene de ese mando y de la Presidencia México que lidera Claudia Sheinbaum.

Resaltar que el Operativo que tuvo lugar por primera vez en diciembre pasado en su primera fase, y en su segunda en enero de este año en “chelerías, cervecerías o en expendios con permiso de venta de comida y alcohol, y demasiados con todos los permisos en regla, y hasta en negocios cerrados. El pasado 7 de febrero, hace ocho días exactamente, en barberías y estéticas, y nuevamente e insistimos con el igualito modelo de actuación y la difusión de videos, y “la siembra de drogas” en los establecimientos, en serio que ha puesto en duda la legalidad de las detenciones y las clausuras, en donde falló la “gran inteligencia- Harfuch-y al final de todas las fuerzas del orden que son corresponsables, como el Secretario de Seguridad en Edomex, Cristóbal Castañeda, y los “Generalotes, el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, y el Almirante, Raymundo Pedro Morales Secretario de la Mariana, Armada de México”…

+++Punto y Aparte+++

Sin artículos promocionales en campañas, candidatos de elección judicial

Candidatos a jueces y magistrados no podrán utilizar artículos promocionales, señaló Sergio Iván Ruíz Castellot, titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, al destacar que sólo podrán promocionarse en redes sociales, volantes, entrevistas y en eventos que ellos mismos generen.

Mencionó que “el tema de campañas será a través de redes sociales, plataformas digitales, porque es lo que es más fácil de accesar y lo que tiene mayor difusión de alcance en este momento”.

Además, el Instituto Nacional Electoral (INE) va a promover una plataforma que se llama “Conóceles”, que se utiliza en otras elecciones con candidatos y candidatos de diferentes cargos, esta vez será enfocada a la elección judicial en redes sociales.

“No recibirán financiamiento público ni privado, pues no tienen las mismas condiciones que los partidos políticos y no pueden hacer campaña de la misma manera, por eso las campañas son diferentes”.

Sobre la inseguridad que se vive en algunas regiones de Tamaulipas, mencionó que platicarán con la Mesa de Seguridad.

“Nos preocupa la seguridad, tanto de la ciudadanía como del personal que trabaja con nosotros, ya estamos próximos a sentarnos en la mesa de seguridad, para que nos comparten sus mapas de riesgo y sobre esa base, tomaremos las decisiones de operatividad”, explicó.

Mientras que del presupuesto para la jornada especial dijo que es insuficiente y que en el estado el árbitro estatal está buscando una ampliación: “Con base a ese recorte, tendrá que determinar sus medidas de austeridad, qué recortes hará o qué trámites realizará”.

Fuente: Milenio México

13 de febrero del 2025.