Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Al primer semestre de mandato de ayuntamientos mexiquenses, vale la retrospectiva de tal recorrido y de manera fundamental, los resultados de los indicadores del desempeño

+ En los análisis, cada gobierno municipal tiene sus claros y sus oscuros, sus luces y sombras, en donde pesa más lo malo que lo bueno, y en ese tenor, aún hay problemas insuperables

++ Cada región del Edomex carga su propia “loza”, y entre municipios parece mentira hay evidencias contrastantes, pero lo que no lo es así, el grave asunto de la inseguridad que de tiempo atrás ya escaló terriblemente por todas partes, hasta rebasar “la inconstitucional Super Guardia Municipal” para quienes la tienen.

+++Punto y Aparte+++“Narcoterrorismo”: El cargo de EE.UU. que cambia el juego para el Cártel de Sinaloa

Al encontrarse prácticamente en el primer semestre del año y para alcaldes de los 125 municipios del estado de México de mandato, vale la reflexión del primer balance, “el corte de caja”, la rendición de cuentas o la evaluación de los indicadores del desempeño en cada una de las áreas de la administración pública, pero de manera especial, sus resultados y que francamente en muchos no ha sido el mejor balance desde afuera, desde la sociedad a quienes gobiernan, más allá todavía de su primer encuentro de los denominados 100 días o de los cuatro meses de gestión que se reducen a la autocomplacencia, y en el “alimento del ego”.

En distintos escenarios, es más de lo mismo y que se refleja en los “aplausometros”, perdiendo de vista lo que es realmente “el servicio público, o para el pueblo”, y que bueno que cumplan con lo que les mandata la ley, derivado de una obligación adquirida por medio del voto y a ser sinceros, cada región mexiquense tiene sus claros y también sus oscuros en esta especie de “contrato social” asumido en las urnas, y que no es tan espectacular como demasiados lo piensan, que los gobernantes salgan de sus oficinas a trabajar, unos de día y otros de noche a dar respuesta “normal” a la gestión pública, a las obras y los servicios.

Claro que hay resultados, unos más y en otros menos, y de la impactante y multimillonaria inversión de los más de 4 mil millones de pesos para “la recuperación integral de la Zona Oriente” y sus 10 municipios gobernados todos ellos por morena, y la coordinación con el Gobierno Federal que lidera la Presidenta con “A”, Claudia Scheinbaum Pardo, o del Edomex que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez, y en la política Metropolitana con la Jefa de Gobierno de la Cdmx, Clara Brugrada, en el que los recursos o participaciones federales enviadas a municipios fueron comprometidas para enfrentar el enorme desafío que representan los numerosos rezagos sociales.

El “Corredor Oriente” de más de 10 millones de mexiquenses de Texcoco del alcalde Nazario Gutiérrez; Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, pasando por Tlalnepantla, con Raciel Pérez Cruz, o Nezahualcóyotl del edil Adolfo Cerquera, hasta Valle de Chalco, demarcación que preside Alán Velasco Agüero, en verdad que le urge un radical cambio de fisonomía, de un trabajo a conciencia como en diversas regiones del Edomex, por ejemplo, en el sistema hidráulico, que de años atrás se encuentra colapsado, la falta de oferta en vivienda, los graves temas de movilidad, así como el impactante déficit en regularización de la tenencia de la tierra.

El marco de referencia aún y es más delicado como lo es, el abastecimiento de agua potable, la recolección de desechos urbanos y el grave problema de la inseguridad, que sigue complicando el desarrollo y los pretendidos índices del bienestar, que no solo con tarjetas, y de todo tipo, con las pensiones universales y los programas sociales el superar “el pánico y el miedo”, en que subsisten millones de mexiquenses ahoramismo, en colonias emergentes, pueblos, fraccionamientos medios y residenciales, donde lo que cambia invariablemente es la modalidad del delito, pero la “guerra territorial entre grupos del crimen organizado” ya escaló en cualquier sitio, superando a la autoridad y a sus cuerpos policíacos locales tradicionales, y hasta “la inconstitucional Super Guardia Municipal” para quienes la tienen.

Con relación a nuestro caso más cercano, La Zona de Naucalpan; Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza (NZT), así como sus demarcaciones periféricas a este conglomerado urbano, el balance tiene sus claros y oscuros; sus momentos interesantes y sus instantes de sombras, y que es posible que los negativos tengan mayor peso que los positivos, a consecuencia de los innumerables y los diversos compromisos reflejados en las diferentes nóminas y que tal pareciera que son éstos, los que tienen en sus manos el control y la operación del gobierno municipal, inventando cada ridícula cosa, incluso fuera del marco legal, quizá como para aplicar más impuestos y obtener más recursos, y peor hasta aprobados por el propio ayuntamiento.

Por otra parte, el registro de los avances, las actividades programadas y el cumplimiento de los indicadores del desempeño, es decir los resultados en todos los órdenes de la gerencia pública en este primer semestre de mandato, más allá todavía de las pequeñas obras de “relumbrón”, que poco resuelve y que únicamente son para el impacto social o la fotografía; y mirar, así de simple, cada entorno, cada lugar y el mejoramiento por ejemplo, a la infraestructura urbana, hidráulica, los trabajos de prevención en hoy en día, la temporada de lluvias, sus anegaciones, el aseo en barrancas, ríos, presas, bordos y arroyos.

Finalmente, y en el “Lugar de las Cuatros Casas” o en “la Ciudad Adolfo López Mateos”, que administran los alcaldes, Isaac Montoya Márquez y Pedro Rodríguez Villegas, respectivamente, y aunque son completamente contrastantes en la función pública e ideológicamente diferentes, en los tiempos y en las formas de hacer gobierno, uno con tres años y medio de ejercicio municipal y el otro inéditamente ya por casi cumplir un semestre de la experiencia en el poder, reflejan justamente eso, “EXPERIENCIA”, y buenas prácticas y la diferencia tal pareciera es abismal entre uno y el otro, en el que además la inferencia es notable, en que no es lo mismo, ser dirigente político y andar en campaña todo el tiempo, que gobernar para todos.

De los resultados saltan a la vista, no obstante, y pese a que el enorme conflicto que ambos les asiste tiene que ver con el Desarrollo Urbano y la apuesta al éxito de la industria inmobiliaria o el presumible crecimiento de los “carteles inmobiliarios”, donde comparten fronteras territoriales, en los perímetros de las Lomas Verdes VI sección, Loma Plana, Bellavista, “La Zona Esmeralda, Condado de Sayavedra y Chiluca”, lograr el equilibrio y la sustentabilidad en los proyectos que están en proceso y los que vienen, y omitir por si fuese el caso, todos aquellos que rayan “en la impunidad y la corrupción”, en la inviabilidad y peor cuando no se consulta a la gente, y se tenga la anuencia completa de toda la ciudadanía afectada, y no de unos cuantos.

+++Punto y Aparte+++“Narcoterrorismo”: El cargo de EE.UU. que cambia el juego para el Cártel de Sinaloa

En un giro drástico en la estrategia antidrogas, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado formalmente a altos mandos del Cártel de Sinaloa de «narcoterrorismo«. Esta designación legal, la primera de su tipo contra el grupo, eleva la lucha del ámbito criminal al de la seguridad nacional, con profundas implicaciones para México.

El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso sin precedentes que redefine su enfrentamiento con el crimen organizado mexicano. A través de una acusación formal revelada el 13 de mayo, líderes clave del Cártel de Sinaloa han sido imputados por primera vez con cargos de narcoterrorismo y apoyo material al terrorismo, una escalada legal que endurece las penas y cambia las reglas del juego en la cooperación bilateral en materia de seguridad.

Esta nueva clasificación no es solo un tecnicismo legal; representa un cambio fundamental en la forma en que Washington percibe y combate a los cárteles, tratándolos ya no solo como organizaciones criminales, sino como amenazas directas a su seguridad nacional.

Los acusados: Cae el martillo sobre la cúpula del Cártel

La acusación se centra en figuras de alto perfil dentro de la organización, específicamente en la facción conocida como la Organización de los Beltrán Leyva (BLO), descrita por las autoridades estadounidenses como «la red de producción de fentanilo más grande conocida en el mundo».

Los principales acusados son:

Pedro Inzunza Noriega, alias «Sagitario» o «El De La Silla», de 62 años.

Pedro Inzunza Coronel, alias «Pichón», de 33 años, hijo del primero.

Ambos enfrentan una letanía de cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para distribuir sustancias controladas y lavado de dinero. Estas acciones se suman a la reciente detención de otro miembro de alto rango del cártel, Emmanuel Martimiano León-Soto, arrestado en Arizona.

El cargo clave: ¿Qué significa ser acusado de «narcoterrorismo»?

La gravedad de la situación radica en la nueva tipificación del delito. La acusación es el resultado directo de la Orden Ejecutiva 14157, que designó oficialmente al Cártel de Sinaloa como una Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) el 20 de febrero de 2025.

Este cambio tiene consecuencias drásticas:

Penas Mucho Más Severas: Los cargos de narcotráfico conllevan penas severas, pero el cargo de narcoterrorismo eleva la sentencia a un mínimo obligatorio de 20 años y un máximo de cadena perpetua.

Mayores Poderes de Investigación: La designación como FTO otorga a las agencias de seguridad de EE.UU. un abanico más amplio de herramientas de vigilancia, investigación y congelamiento de activos, similares a las utilizadas contra grupos como Al-Qaeda o ISIS.

Cambio de Jurisdicción: El caso pasa de ser un asunto puramente criminal a uno de seguridad nacional, involucrando a agencias como el FBI y la comunidad de inteligencia de manera más profunda.

La reacción oficial: «Sus días de brutalizar terminaron»

El lenguaje utilizado por los altos funcionarios estadounidenses refleja la seriedad de esta nueva postura. Lejos de la retórica habitual sobre el combate al narcotráfico, las declaraciones adoptan un tono de guerra contra el terror.

«El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlos exige una respuesta legal novedosa y poderosa. Sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias han terminado; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas.» – Fiscal General Pamela Bondi.

Por su parte, el fiscal federal Adam Gordon describió a los narcoterroristas como un «cáncer dentro de un estado» que «metastatiza la violencia, la corrupción y el miedo».

Esta designación como FTO es una herramienta geopolítica de enorme presión sobre México. Si bien apunta a debilitar a las organizaciones criminales, también lleva implícita una crítica a la capacidad del Estado mexicano para controlar su propio territorio.

En un contexto donde desde Estados Unidos se han amenazado con aranceles o acciones militares si no se frena el flujo de drogas , la etiqueta de «narcoterrorismo» proporciona a Washington un marco legal y político para justificar futuras acciones unilaterales más agresivas, lo que podría generar serias fricciones en la relación bilateral y ser visto en México como una forma de «intervencionismo», un tema de alta sensibilidad para el gobierno actual.

Fuente: “La VerdadNoticias, México”

Paloma Franco

15 de junio del 2025.