Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Proyectan gobiernos municipales del Edomex cerrar el año con importantes catálogo de obras públicas, de manera especial en bacheo, reencarpetado y recuperación de calles, y avenidas.

+ Por otra parte, la valoración de las estrategias, planes y programas en materia de seguridad; la instrumentación de los territorios de paz y las acciones para inhibir el delito; la violencia y delincuencia

++ En el marco referencial, evaluar el costo de la violencia, lo que pierde la sociedad por homicidios, extorsiones, lesiones, desplazamiento, pérdida de inversión, encarcelamiento y otros factores derivados del delito.

+++Punto y Aparte+++ Gobierno busca reducir percepción de corrupción en México rumbo a 2029

En este último cuatrimestre del año, y cuando seguro que muchos ayuntamientos presumiblemente estarán en el cierre de los ejercicios fiscales, previos a los Primeros Informes de los Gobiernos Municipales en sus 125 ayuntamientos mexiquenses; en los balances de los resultados y la rendición de cuentas, las proyecciones en distintos casos comunican de un trabajo intenso en acciones y de manera fundamental en la obra pública que esta más que a la vista lo que la ciudadanía demanda a sus alcaldes y en todas partes, en cada región de la entidad y con sus particularidades propias, avanzar en lo que más se pueda a propósito de ir superando los impactantes déficits.

Claro que hay resultados, sin embargo, todavía se tienen registros graves en materia de infraestructura urbana, hidráulica, en los tendidos asfálticos, el abastecimiento de agua en distintas comunidades de demarcaciones territoriales y en la ironía, cuando el temporal de lluvias ha venido provocando innumerables inundaciones y hasta desbordamientos de ríos y presas, por la cantidad del líquido que ha caído de manera atípica, y aún en los pronósticos del clima, la dilación del período de las precipitaciones pluviales que estiman lleguen al mes de noviembre, previo al invierno con las características que tiene la época del año y los sistemáticos frentes fríos.

Por otra parte, en los marcos de referencia a atender en por ejemplo municipios de la Zona de Naucalpan que preside el alcalde, Isaac Montoya Márquez; Tlalnepantla que lidera, Raciel Pérez Cruz; Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas (NZT), y sus demarcaciones adyacentes a este amplio polígono urbano, entre ellos Cuautitlán Izcalli, que gobierna Daniel Serrano Palacios y Nicolás Romero que encabeza, Yoselín Mendoza, en realidad hay interesantes registros en la reconstrucción de calles y vialidades; en la recuperación de espacios públicos, y “sus blindajes”, en la prevención y contención del delito con los denominados senderos seguros.

La instrumentación de estrategias, planes y programas en materia de seguridad, quizá han rendido importantes resultados y cada quien, con sus datos, y los otros datos en el manejo de los índices criminales; en los delitos del fuero común como los homicidios dolosos, feminicidios y la extorsión, que no han dejado de ser un indicador que ha venido midiendo la capacidad de las distintas fuerzas del orden, hoy en día con El Ejército en las calles, Sedena; la Marina Armada de México, Guardia Nacional (GN), Procuraduría, y Policías Estatales y Municipales, en la lucha contra la delincuencia en todas sus manifestaciones o modalidades.

Aunado al contexto, el inevitable costo de la violencia y la delincuencia, la percepción de inseguridad y el impacto económico que representa el delicado problema y que por ejemplo en el Edomex y sus municipios, confirma que la entidad sigue manteniendo elevados registros delictivos pese a las continuas mesas para la construcción para la paz, presididas por la gobernadora Delfina Gómez, los secretarios general de Gobierno, Horacio Duarte y de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, respectivamente, el Fiscal General (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, y representantes de la Sedena, Marina, Armada de México, y Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) la violencia generó un costo de 34 mil 638 pesos por persona en el Estado de México al primer semestre del 2025. Esta cifra no corresponde al presupuesto en seguridad, sino a lo que pierde la sociedad por homicidios, lesiones, desplazamiento, pérdida de inversión, atención médica, seguridad privada, encarcelamiento y otros factores derivados del delito. Según expertos, los efectos negativos directos del crimen organizado impactan en el crecimiento de la productividad, es decir, las regiones con gran número de organizaciones criminales a menudo experimentan un PIB per cápita más bajo.

De igual manera, tasas de desarrollo real reducidas, indicando un patrón más amplio de bajo rendimiento económico; en el que, en las distintas regiones mexiquenses, presentan riesgos inevitables por la operación y guerra territorial de la delincuencia organizada, pero también, de grupos locales que han “sentado sus reales” en numerosos espacios públicos; en la propia calle, en alguna o dos, o más que tres colonias, en algún fraccionamiento semi urbano o residencial, en esas unidades habitacionales, en los pueblos tradicionales, ampliando o formando pequeñas células delictivas.

De un lado o de una región u otra, la hoy multicitada zona oriente y el multimillonario Plan Estratégico en todo el cinturón “marrón”, 10 municipios y uno más; de Texcoco y Ecatepec que gobiernan los ediles Nazario Gutiérrez y Azucena Cisneros Coss, a Chalco y Valle de Chalco, con Abigail Sánchez Martínez, y Alan Velasco Agüero, pasando por Nezahualcóyotl, Adolfo Cerquera, San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán y La Paz, en que el reto como en los otros perímetros urbanos, el garantizar la seguridad pública a vecinos, al sector productivo y comercial, enfatizando la importancia de un entorno económico estable para fomentar el crecimiento.

Finalmente, cerrar el año con los mejores resultados en todas las áreas de oportunidad en cada uno de los gobiernos municipales del Edomex, olvidarse un poco, o un mucho de los efectos mediáticos que se puedan tener, que son válidos; no obstante, hay requerimientos y rezagos sociales de años y otros del presente que han estado permanente y sistemáticamente viajando en el tiempo de gobierno en gobierno en “la omisión oficial”, que ahí están y que urge solucionarlos para dar viabilidad a la progresión desde lo local, cumplir con la obra pública y los compromisos asumidos también con el electorado cuando fueron a pedir el voto, recibiendo la confianza ciudadana.

+++Punto y Aparte+++ Gobierno busca reducir percepción de corrupción en México rumbo a 2029

El Programa Sectorial de Anticorrupción y Buen Gobierno (PSABG) destaca la necesidad de abordar la corrupción desde dos perspectivas: la percepción social y la victimización directa. Según Transparencia Internacional, en 2024, México ocupó el lugar 140 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción, con una calificación de 26 sobre 100.

A nivel nacional, la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental 2023 reveló que el 83.1% de la población considera muy frecuentes los actos de corrupción.

Victimización y costos económicos

En términos de experiencias directas, la tasa de personas que sufrieron algún acto de corrupción al interactuar con servidores públicos fue de 13,966 por cada 100 mil habitantes en 2023, lo que representa una reducción del 5% respecto a 2021.

Sin embargo, los trámites administrativos siguen siendo un foco de riesgo, con 25,394 actos de corrupción documentados por cada 100 mil habitantes y un costo estimado de 11,910.6 millones de pesos.

Estrategias del programa sectorial

El PSABG propone un conjunto de acciones para abordar estas problemáticas, incluyendo la capacitación permanente del servicio público, la implementación de códigos de ética y la aplicación de incentivos y sanciones.

Además, se busca simplificar procesos administrativos y reforzar la política de austeridad republicana para reducir espacios de discrecionalidad. Estas medidas son esenciales para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Metas para 2029

El gobierno federal ha establecido como objetivo que para 2029 la percepción de corrupción entre la población disminuya de 83.1% a 79.2%, y que la confianza en la Presidencia de la República y en las secretarías de Estado aumente en 10 puntos porcentuales, pasando de 59.1% a 69%.

Estas metas son parte de un esfuerzo por mejorar la posición de México en los indicadores internacionales y consolidar una administración pública más transparente.

Perspectivas hacia el futuro

Con estos objetivos, el gobierno federal apuesta a mejorar su posición en los indicadores internacionales y a consolidar una administración pública más transparente.

Aunque los avances son graduales, se espera que la combinación de medidas preventivas, sancionatorias y de simplificación administrativa contribuya a modificar la percepción de la ciudadanía en los próximos cinco años.

El éxito del PSABG dependerá de la capacidad del gobierno para implementar efectivamente estas estrategias y demostrar resultados medibles en la reducción de actos de corrupción.

La confianza ciudadana en las instituciones es crucial para alcanzar las metas planteadas y transformar la percepción de la corrupción en México.

Fuente: “Debate, México”

06 de septiembre del 2025.