Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

A 40 Años del 85 y la incipiente cultura de la Protección Civil y Gestión de Riesgos en México, y su disyuntiva de enfrentar las fuerzas de la naturaleza hoy por hoy

+ La realidad es complicada, y más cuando en el país hay viviendas que han sido construidas en zonas de alto riesgo, lo que representa una amenaza para cientos de familias, en México cerca de 30 millones de personas viven en zonas irregulares, de conservación o de alto peligro

++ En la actualidad concebimos una crisis en las zonas urbanas, donde viven 60 por ciento de la población, donde no hay planeación conjunta, cada municipio hace su propia planeación sin atender la realidad que son las urbes, una metrópoli, dejando lejos la coordinación

+++Punto y Aparte+++ “Hablar de los impactos de ser buscadoras es difícil, pero necesario”: familias exigen garantizar bienestar de madres buscadoras

A 40 años de los sismos de 1985, y el movimiento telúrico en el 2017, con la misma magnitud, y que transformó la organización ciudadana y las políticas de protección civil en México, y entre otras dramáticas tragedias, la importancia de aquella distancia a nuestros días, si realmente estamos preparados para enfrentar la fuerza de la naturaleza, y responder con las herramientas más valiosas para salvar vidas ante futuros desastres, y en todas partes, en aquellas zonas susceptibles a terremotos, maremotos, ciclones, inundaciones, deslaves, explosiones en estaciones de gas o distribución de petróleo, abastecimiento de gasolina, o en los tornados en ciertas regiones del país en que suelen presentarse, entre otras calamidades.

Es claro que existe un antes del 85 y un después en el país, especialmente en las regiones con mayor riesgo sísmico, y que evidentemente la Zona Metropolitana del Valle de México es una de ellas, sobre todo la Cdmx, y municipios del Edomex que comparten no sólo límites territoriales, sino problemas comunes en diversos frentes, quizá en la agenda en seguridad, agua, movilidad, conectividad, en asentamientos irregulares, en el establecimiento de amplios cinturones de miseria; en sitios no aptos para la vivienda, pero que la gente, citadinos o mexiquenses, de años atrás han venido desafiando el peligro, al sobrevivir enmedio del riesgo; en áreas minadas, en barrancas, y en polígonos proclives a hundimientos.

La realidad es complicada, y más cuando el 41% de las viviendas que hay en México han sido construidas en zonas de alto riesgo, lo que representa un peligro para cientos de familias mexicanas. En el país, cerca de 30 millones de personas viven en zonas irregulares, de conservación o de alto riesgo, según el Inegi, lo que puede representar una serie de inseguridades para la vida y bienes de las familias mexicanas que residen en estos lugares, en el que millones de casas construidas se encuentran dispuestas a numerosos incidentes, como en laderas o cerros que están a punto de desgajarse, además de la inseguridad, debido a que se encuentran más expuestos a la violencia y la delincuencia.

En nuestro caso más cercano, la zona de Naucalpan, que encabeza el alcalde, Isaac Montoya Márquez, Tlalnepantla que lidera, Raciel Pérez Cruz, y Atizapán de Zaragoza que gobierna, Pedro Rodríguez, (NZT), y demarcaciones periféricas como Nicolás Romero con Yoselín Mendoza, o Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano; Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa “Gelys”, y demarcaciones adyacentes a la Sierra de Guadalupe, entre ellas Tultitlán, Coacalco de Berriozábal, Ecatepec, y la alcaldía, Gustavo A. Madero (GAM), que dirigen los ediles Ana María Castro Fernández, David Sánchez Isidoro, Azucena Cisneros y Jeanecarlo Lozano, respectivamente, hay registros ineludibles del elevado riesgo que significa sobrevivir prácticamente en el cerro.

Aunado a ello, habitar y no menos alarmante, sobre ductos de PEMEX, al estar aventurados a deslaves debido a las lluvias que se registran en el país, o a explosiones, a los hundimientos y a los diferentes retos que representa hasta caminar y conducir todo tipo de automóviles, debido a la inclinación de las calles, el acceso y salida de la zona, incluso de los propios servicios de emergencias, y estar cotidianamente sorteando el peligro de alguna manera, o tener mínimo un plan de evacuación, además de ubicar un refugio o albergue al cual ir en caso de desastres naturales, a dónde acudir de manera inmediata, y donde asimismo, hay registros de pérdidas de vida y cuantiosos daños materiales inconvenientes para las personas.

La Protección Civil y la Gestión Integral de Riesgos, su trabajo y operación todavía a 40 años de los sismos del 85, prácticamente va más allá de los simulacros de reacción inmediata a las hipótesis del registro de algún movimiento telúrico y sus epicentros, en esas zonas elevada sismicidad que, si bien, hay avances significativos en la materia, aún estamos lejos, cuando en municipios mexiquenses, por ejemplo, contamos con estaciones de coordinación de precisamente protección civil y bomberos del “navo”, sin infraestructura apropiada, unidades viejas, y que no alcanzan a cubrir la demanda de las emergencias, ambulancias sin medicinas y otros insumos, equipos inoperantes o desfasados, centro hospitalarios igual, sólo para la foto.

Referir en cada municipio de esta NZT, los irremediables y hasta ya consolidados asentamientos irregulares en numerosas de esas colonias mal denominadas populares; toda esa franja de las sierras de Guadalupe y de las Cruces, en la denominada alta montaña Otomí, y que poco a poco la urbanización desmedida viene avanzando, y es analógicamente de Ecatepec-a Tlalnepantla y la Gustavo A. Madero, o de Tepotzotlán, a Nicolás Romero, Santa Ana Jilotzingo, Isidro Fabela, y Villa del Carbón- San José del Vidrio, o San Francisco Chimalpa y Santiago Tepatlaxco en Naucalpan, y sus localidades eminentemente forestales que enfrentan la tala indiscriminada, y los proyectos inmobiliarios multimillonarios devastando los bosques de agua.

Por otra parte, reconocer que las ciudades no tienen una planeación, un orden, no hay consecuencias para las autoridades omisas cuando surgen asentamientos humanos sobre arroyos y ríos, en los que la naturaleza ya previó dónde deben ir los desagües y cauces justamente naturales y edificar micro ciudades, donde no existen las condiciones y la viabilidad. Las ciudades están colapsando, su vulnerabilidad se muestra con cada eventualidad, con una lluvia excesiva, vientos, y esto tiene consecuencias lamentables o sistemáticas tragedias. Año con año es la misma imagen que circula en los medios de comunicación masiva, en redes sociales si que se tenga un plan emergente de prevención de desastres.

Finalmente, concebimos una crisis en las zonas urbanas, donde viven 60 por ciento de la población, donde no hay planeación conjunta, cada municipio hace su propia planeación sin atender la realidad que son las urbes, una metrópoli, una ciudad formada por múltiples demarcaciones, “autoridades que se toleran, pero no se hablan entre sí”, dejando lejos aún y con gobiernos de la misma denominación política la concurrencia y la coordinación en la resolución de la agenda entre sí y metropolitana, apareciendo en los últimos días conflictos de límites territoriales, problemas por la tierra o amplios polígonos ejidales, así como la demanda para la creación de nuevos municipios en el estado de México.

+++Punto y Aparte+++ “Hablar de los impactos de ser buscadoras es difícil, pero necesario”: familias exigen garantizar bienestar de madres buscadoras

Reconocer que las familias que buscan a personas desaparecidas corren riesgos de seguridad y han sido asesinadas por esa labor no es suficiente. Garantizar el bienestar de familiares tiene que ver también con pensar en programas específicos que prevengan todos los impactos que viven en distintos aspectos, como el económico, emocional, y de salud física y mental.

“ Son muchos los riesgos, aunque no se concreten; recibimos muchos impactos en nuestras vidas. Tener un familiar desaparecido te cambia la vida por completo, los planes, la convivencia, miembros de familias que no llegan a comprender por qué siempre estamos buscando, amistades que por miedo ya no nos hablan”.

“Y no se diga la discriminación que podemos llegar a sufrir en el trabajo”, describió Ana Alanís, durante la presentación del Diagnóstico sobre seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México, llevado a cabo en Ciudad Juárez.

Ella, por ejemplo, desistió de tener un trabajo formal porque eso significaría dejar de buscar a su hermano. A eso se suman otros impactos que conlleva ser una buscadora, destacó. Entre ellos, no tener un ingreso económico afecta la calidad de vida, no solo por los gastos que se generan en la vida cotidiana, sino también en la salud física y mental.

Las muertes de madres buscadoras siguen sucediendo, subrayó, porque la autoridad no atiende esas otras problemáticas. En principio, urgió a la atención de la salud mental. “Tenemos que enfrentarnos a toda esta otra parte; hablar de los impactos de ser buscadoras es difícil, pero es necesario”, dijo.

Tanto ella, como otras madres buscadoras de los colectivos Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, y Paso del Norte, coincidieron en que se requieren mejores programas de apoyo, con enfoques específicos en los diversos impactos a los familiares.

“Este proceso ha sido uno de los más difíciles de mi vida. La desaparición de mi hermano me ha dejado un vacío tan grande que no hay un día que no llore y que no sienta ese vacío que me ha dejado por dentro”.

“Me siento incompleta, como si una parte de mí se hubiera ido con él, pero estar en este espacio me da un respiro, saber que no estoy sola”, continuó la hermana buscadora.

María Márquez Favela, madre de Adrián Favela Márquez, desaparecido el 2 de octubre de 2012, destacó que sus casi 13 años de búsqueda han sido un caminar largo y cansado, que implica un agotamiento diario en el que ha vivido experiencias duras, que solo viven quienes tienen a un familiar desaparecido.

“Es lamentable ver qué sucede con las familias que llevan tanto tiempo en la búsqueda, todo esto puede ser prevenido con políticas y acciones puntuales”, afirmó. Las mujeres buscadoras subrayaron que se trata de impactos que pueden prevenirse para que otras familias no sufran la misma angustia, desesperación y tristeza de no saber qué sucedió con su ser querido.

Si bien actualmente existen algunas instancias a las que las familias pueden ser canalizadas para recibir atención médica, reconocen, los impactos que experimentan –de acuerdo con cálculos del diagnóstico– afectan a más de 370 mil personas en todo el país, por lo que se requieren programas específicos y preventivos.

“Encontrar a todos los desaparecidos es un reto que nos ha llevado a vivir todos esos impactos. Primero es encontrar a nuestros hijos, y luego también que existen retos como la incompetencia de la autoridad, la corrupción, fiscalías bastante limitadas, que dicen que no tienen elementos, hay una serie de faltantes”, reclamó Favela.

El sentir de ellos, especificó, es que dicen que no hay suficientes recursos. Por ello, el principal reto es que las autoridades se organicen para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias.

“Hemos sufrido peligros y criminalizaciones, toda clase de estigma y aquí seguimos de pie. Solucionar los retos es responsabilidad de la autoridad”, señaló.

Eso implica no solo continuar con las labores de búsqueda y de seguridad, sino también avanzar en la identificación para enfrentar el tema de la crisis forense, y en pensar no sólo en cómo reaccionar ante las desapariciones, sino cómo prevenirlas.

Sagrario Hernández, madre de Alfonso Hernández, desaparecido el 22 de abril de 2023, agregó que todas las cuestiones de seguridad que se han vivido en Ciudad Juárez son similares o iguales a las que otras familias han experimentado en otros estados, y que les han atravesado el corazón.

“Entendemos nuestro sentir y nos acompañamos; viajamos juntas, aprendemos juntas, nos abrazamos. Es urgente que la autoridad haga parte. Este diagnóstico nos brinda recomendaciones para las autoridades, empezando por que se nos reconozca públicamente por todo el trabajo que realizamos”, dijo.

Entre otras recomendaciones, el documento también señala cesar de manera inmediata la estigmatización, sensibilizar a todo el personal, establecer mecanismos para garantizar la participación adecuada y condiciones de búsqueda.

Además de atender recomendaciones internacionales para familiares desplazados, generar campañas, fortalecer los mecanismos de protección, y asegurar que el Estado cuente con la voluntad necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Añadió que es importante recordar que todas las personas desaparecidas hacen falta, al igual que la información y sensibilización que deberían tener las autoridades. La situación que viven las madres no ocurre por su gusto, sino porque se requiere, por lo que la petición principal es que el gobierno realice su trabajo.

“Nosotras seguiremos acompañando estas búsquedas. Si cuentan con información sobre el paradero de nuestros hijos, hagan una denuncia anónima”, pidió al resto de la sociedad.

Belén Hernández, hermana de Jesús Ernesto Hernández, desaparecido el 18 de abril de este año, y a quien hace unas semanas se le localizó sin vida, relató que esos más de cuatro meses de búsqueda se sintieron eternos. Recordó que la vida siempre se arriesga por buscar a los seres queridos, y requiere capacitarse en temas complejos, en los que son las familias las que apoyan.

Autoridades de la fiscalía y la comisión de víctimas estatal que estuvieron presentes no pudieron detallar qué parte de las recomendaciones podrían atender, pero reconocieron que la amenaza más real para las familias buscadoras es el deterioro de la vida de la familia de las víctimas directas, así como de las víctimas indirectas.

Se trata de una amenaza que llega y concluye con la muerte, que no siempre es provocada por la inseguridad, sino algunas veces por la tristeza, el dolor, la incertidumbre y la marca que queda en la vida de las familias.

Fuente: “Animal Político”

Marcela Nochebuena

17 de septiembre del 2025.