Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Impactan y modifican Aportaciones Federales y Fondos Estatales las proyecciones del gasto público 2025 en municipios del Edomex, registran inversiones históricas que es mucho más de lo que calcularon

+ Para el año que entra, en el año del inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027 intermedio, y concurrente para los mexiquenses, evaluar así dónde va orientada la obra o inversión pública, su uso y destino

++Los marcados contrastes entre municipios de la NZT y los dineros, son más que indiscutibles; por un lado, contamos con haciendas con los cálculos anuales del gasto más altos del Edomex, y por el otro lado, tenemos ayuntamientos que en sus tasaciones son de la dimensión de la deuda pública que arrastran estas mismas jurisdicciones…

+++ Punto y Aparte+++ Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos piden al Gobierno mexicano “corregir” su posición de contradecir a la ONU

A poco más de un mes para el diseño del proyecto parcial a aprobar del presupuesto de egresos en los municipios del Edomex rumbo al 2026, es notable la reflexión de la orientación del recurso público que se le pueda dar y si efectivamente, las proyecciones diseñadas en una simple y controvertida carátula cumplen, cumplieron o cumplirán los propósitos y las expectativas del gasto, del dinero a aplicar en sus diferentes capítulos y rubros; y dentro de la tasación general, y que vale la pena analizar lo es el monto de las Aportaciones Federales, la inversión y pago de deuda pública, y de manera importante, el crítico capítulo 1000, en donde más del 50% de la tasación anual se va en sueldos y salarios.

Por el momento, poco la sociedad conoce en qué es invertido el circulante; si efectivamente, están en el concurso relevante para presumiblemente implementar el denominado presupuesto participativo, o cuál para el año que entra será justamente la inversión y de entrada; en la obra pública y que va aparejado con su Programa Anual (PAO), y partir de tal supuesto y bajar a toda y completamente toda la sociedad, la consulta pública y que sean ellos más que el ingenio o los buenos deseos de los encargados de las finanzas municipales, o las comisiones edilicias de hacienda y presupuesto, las que determinen incluso, los trabajos a ejecutar y que casi siempre tienen su sesgo electoral.

Recordar que, el año que entra, inicia precisamente el proceso electoral federal intermedio y concurrente en el Edomex, 2026-2027, a renovar las Cámaras de Diputados Federales, local y los 125 ayuntamientos, probablemente con nuevas reglas producto de la Reforma Política en su vertiente electoral propuesta por la Presidenta de México con “A”, Claudia Scheinbaum Pardo, en donde se prevé la no “reelección y el nepotismo electoral” por acuerdo del partido más que del Congreso, al 2030, y no al 2027, y que varios actuales alcaldes que se encuentran en esta condición, verdaderamente andan ya con la mira puesta a la última elección consecutiva al mismo cargo.

Sin embargo, lo que es relevante al momento del análisis que nos ocupa; son sinceramente los dineros, su uso y destino, y en todos los ayuntamientos, de los cuales muchos comunican de indefinidad de premios, reconocimientos y distinciones por “el extraordinario manejo y administración de los recursos” y derivado de ello, la multimillonaria e histórica inversión en obra pública que llegó a municipios como jamás nunca antes, a través de las Aportaciones Federales y los Fondos de Inversión Estatal, del gobierno del Edomex que lidera la mandataria Delfina Gómez Álvarez, alterando de manera importante, los presupuestos de egresos de este año.

Así de esa manera, es un hecho que las perspectivas del gasto anuales, al 2025 crecieron y demasiado, y en nuestra Zona de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza (NZT), así como sus demarcaciones adyacentes a este impactante polígono urbano de más de 10 millones de mexiquenses; entre ellos Ecatepec, Tultitlán, Nicolás Romero; Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, que gobiernan los alcaldes; Isaac Montoya, Raciel Pérez Cruz, Pedro Rodríguez, Azucena Cisneros Coss, Ana María Castro Fernández; Yoselín Mendoza, Juanita Carrillo y Daniel Serrano, alcanzaron en muchos de estos casos, presupuestos igualmente, históricos para su gestión pública.

Los contrastes entre municipios de la región y los dineros, son más que indiscutibles; por un lado, contamos con haciendas con los cálculos anuales del gasto más altos del Estado de México, y por el otro lado, ayuntamientos que en sus presupuestos son de la dimensión de la deuda pública que arrastran estas mismas jurisdicciones, o para estar en sintonía, “las novas Ciudades”. Los pasivos son tanto del pasado, como los que van corriendo en estos ejercicios de gobierno 2025-2027,y como que para saldar las obligaciones y sanear la “casa” en 10, o 11 meses es casi imposible que así ocurra, y estamos hablando de débitos superiores a los 2 mil millones de pesos o a los 3 mmdp.

Los compromisos a cumplir son con la banca de desarrollo y comercial; en el pago de intereses moratorios, liquidación de agua, y ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y no menor, en el denominado contingente económico; que al final, son compromisos con proveedores y prestadores de servicios, en juicios laborales y laudos a solventar que hace que las deudas públicas y privadas (acreedores), sean escandalosas. Recordar que, en febrero de este año, la aprobación al presupuesto definitivo en Naucalpan se ubicó en 5 mil 998 millones 100 mil 329 pesos, lo que representó un incremento cercano a 400 millones de pesos en comparación con el presupuesto de 2024.

Por otra parte, Tlalnepantla proyectó en su gasto de 5 mil 240 millones 173 mil 106 pesos; en tanto, Atizapán de Zaragoza, 4 mil 27 millones de pesos; Ecatepec seis mil 832 millones de pesos, 11 por ciento más respecto a 2024, a la vez que Tultitlán 2,632,314,641.74 (Dos mil seiscientos treinta y dos millones trescientos catorce mil seiscientos cuarenta y un pesos 74/100 M.N.), Nicolás Romero; 1, 600 mdp, Cuautitlán,1,097,498,196.49 pesos y Cuautitlán Izcalli, 3 mil 455 millones 34 mil 215.69 pesos, y es real que al 2026, el circulante aumente, derivado de las Aportaciones Federales y Estatales, que continuarán etiquetando recursos a efecto de capitalizar la inversión o la obra pública en “municipios prioritarios “y entre ellos, los de la zona Oriente.

Finalmente, veremos a mediados del mes que entra o a principios de diciembre, el cómo los presupuestos de egresos 2025 se dispararon de manera extraordinaria y en qué porcentaje, en cada capítulo y rubro, y en el mismo tenor, cuánto fue pagado a la deuda pública, o abonaron; de manera especial los municipios de mayor endeudamiento del Edomex y que al margen de que curiosamente también fueron los que recibieron multimillonarios recursos del Gobierno Federal, el evaluar la política de austeridad, la eliminación de gastos suntuosos; nominas elevadas, los impactos en los sueldos y salarios, el manejo de la corrupción y la impunidad, entre otros parámetros a valorar.

+++Punto y Aparte+++ Organizaciones civiles y familiares de desaparecidos piden al Gobierno mexicano “corregir” su posición de contradecir a la ONU

Más de un centenar de asociaciones y colectivos de familiares de desaparecidos y miembros de la sociedad civil en todo México han firmado una petición al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que trabaje en conjunto con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED por sus siglas en inglés), que el pasado mes de abril activó un procedimiento debido al carácter generalizado y sistemático de las desapariciones en el país.

“Hacemos un llamado al Gobierno a corregir su equivocada posición con respecto al CED, y en lugar de contradecirlo, cooperar con el mismo y con la comunidad internacional para erradicar de fondo las causas de las desapariciones y garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas”, dijeron en un desplegado publicado este martes.

Es la más reciente demostración de una escalada de discrepancias entre el Gobierno mexicano —que ha desplegado toda su maquinaria contra la ONU para negar que las desapariciones en el país sean sistemáticas— y los colectivos de familiares de personas desaparecidas y las asociaciones civiles que las acompañan para llegar a un consenso sobre el origen de los agentes que son partícipes y autores de las desapariciones en el país, que en cifras actualizadas ya tiene un registro de casi 134.000 personas en esa categoría (desaparecidas y no localizadas), de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda.

En el mes de abril, el CED anunció la activación de su artículo 34, una acción que lleva a cabo por primera vez en su historia, con el siguiente argumento: “El comité recibió informaciones que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática bajo jurisdicción de México”, así lo anunció el presidente del organismo, Olivier de Frouville. Activar este mecanismo permite llevar “la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General”.

Este procedimiento no es inmediato. Requiere que la ONU solicite información a México, que el Estado conteste y después valorar si este tema es elevado ante la Asamblea General. La reacción del Gobierno mexicano llegó rápidamente a través de la Secretaría de Gobernación: “El Gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”, publicó. Además de negar esta política de Estado, que no fue mencionada por Naciones Unidas, la Secretaría afirmaba que se había “anunciado la puesta en marcha de acciones contundentes”, sin precisar más.

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) siguió en esa línea y publicó un comunicado en el que volvía a rechazar las afirmaciones del CED: “La SRE reitera que, si bien somos uno de los países más abiertos al escrutinio internacional, como lo demuestra la ratificación de todos los Tratados de Derechos Humanos, las afirmaciones emitidas por el CED carecen de sustento y no son admisibles”.

Además, ahondaba: “El fenómeno de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada. Por lo que corresponde al Gobierno, se implementa una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, al tiempo que se avanza y robustece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas”.

“Una postura equivocada”

Las familias y organizaciones civiles concuerdan con que la mayoría de desapariciones en el país son obra de agentes delincuenciales o del crimen organizado. “Sin embargo, no coincidimos, por no estar apegado a la realidad jurídica, internacional y nacional, ni a la realidad sociológica del país, que las desapariciones forzadas que ocurren actualmente en México no se encuentran asociados directa o indirectamente con la responsabilidad del Estado”, puntualizan.

En el desplegado, los colectivos y familiares recuerdan las precisiones formuladas por el CED sobre lo que es una desaparición forzada. En ellas se especifica que, cuando una privación de la libertad es cometida por un particular que actúa con autorización, apoyo o aquiescencia de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, “constituye propiamente una desaparición forzada”.

Y precisan: “En un estado federado, como México, agentes de cualquier sector significa servidores públicos, ya sean federales, estatales o municipales, de cualquiera de los poderes, ya sean ejecutivo, legislativo, judicial, o de órganos constitucionales autónomos, o de cualquier índole, independientemente de que sean de alto o medio o bajo nivel. Cualquier ‘servidor público’ es un agente del Estado para los efectos de la Convención Internacional en la materia”.

En marzo pasado, organizaciones y colectivos realizaron un informe a solicitud del CED sobre desapariciones generalizadas o sistemáticas en el país, en el que comprobaron que la gran mayoría de las desapariciones en México son desapariciones forzadas.

“Muchas de ellas son perpetradas directamente por agentes estatales de cualquier sector o nivel, y también, otras, tal vez la mayoría, son cometidas por agentes delincuenciales que actúan con autorización, apoyo, y, sobre todo, aquiescencia de agentes del Estado”.

“Por ello, creemos equivocada la postura que ha adoptado el Gobierno de la República en relación con el inicio del procedimiento [del CED], aduciendo que la aplicación de tal dispositivo es solamente para casos excepcionales, con lo cual parecería que la posición del Gobierno de México es que la gravísima situación de las desapariciones, no es excepcional en nuestro país, o que el CED no está actuando de acuerdo con criterios objetivos”, concluyen.

Fuente: “El País, México”

Nayeli Cruz

29 de octubre del 2025.