Columna Mirador 33____________

Por Mario Ruiz Hernández

Eminente “corte de caja”, al primer semestre del 2025 y de gestión pública de ayuntamientos mexiquenses

+ Indudablemente que el temporal de lluvias ha puesto “el dedo de fuego”, a innumerables gobiernos de distintas regiones del Edomex, y no escapa para nada, la Zona NZT

++ Los pendientes siguen siendo en la ironía de la vida, con tantas inundaciones, falta de agua, e infraestructura hídrica; seguridad y movilidad

+++Punto y Aparte+++ CEDAW pide a México proteger a madres buscadoras por ser defensoras de derechos

En “el corte de caja” del primer semestre del año y sobre todo de gestión de gobiernos municipales en el estado de México, en definitiva, contamos con diversos ayuntamientos que han tenido en este periodo de tiempo que se reporta, sus claros y oscuros en el desempeño de la función pública con resultados no del todo de los mejores, en donde la demanda ciudadana en distintos lugares ha superado la oferta en la prestación de servicios básicos, y en los programas de obra, que dicho sea, hay enormes posibilidades de modificarlos debido a las contingencias del temporal de lluvias, que verdaderamente ha hecho estragos en la mayoría de las demarcaciones territoriales mexiquenses.

En el marco de referencia, innumerables inundaciones, desbordamientos de presas y ríos, y en las distintas eventualidades cada vez más frecuentes por las evidentes modificaciones y drásticas de la propia naturaleza; el calentamiento global, el cambio climático, efecto invernadero, y la falta de cultura ambiental, puesto que la ciudadanía sigue arrojando basura en la calle y los distintos cuerpos de agua, además de la omisión institucional de los tres órdenes, niveles e instancias de gobierno, la situación es demasiado complicada a resolver en el corto plazo, y que urge abatir los desafíos del momento y los que vienen en puerta, en todas las regiones del estado de México.

Cada área o perímetro urbano con sus peculiaridades, tiene lo suyo, sus características y realidades, y en el caso que nos ocupa, La Zona de Naucalpan, Tlalnepantla y Atizapán de Zaragoza (NZT), y sus municipios circunvecinos a este amplio conglomerado urbano con los alcaldes; Isaac Montoya Márquez, Raciel Pérez Cruz y Pedro Rodríguez Villegas, respectivamente, y sobre la misma concentridad, Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México y Tepotzotlán, que lideran los ediles, Yoselin Mendoza, Daniel Serrano Palacios, Juana Carrillo y María de los Ángeles Zuppa “Gelys”, no son menores los temas de la agenda desde lo local, el mantener un trabajo de resultados, que logre lo que reiteradamente algunos comparten, “EL BIENESTAR”.

Las prioridades fijadas de cada quien, a seis meses de ejercicio gubernamental, y que mayormente las establecieron en agua, seguridad pública y movilidad, el balance en la región no es del todo halagador; y “en la ironía de la vida”, con tantas anegaciones, habitantes de la NZT, siguen padeciendo de la crisis del vital líquido en sus jurisdicciones; un asunto que al instante nadie ha podido solucionar, y entre perforación de nuevos pozos, “el hidrochicoleo”, la entrega del afluente en pipas “de manera gratuita”, las fugas del vital líquido, y la “operación de organismos descentralizados de agua potable, drenajes y alcantarillados en bancarrota financieramente”, con pasivos multimillonarios a pagar a la Conagua o la CAEM.

Ciertamente, prevalecen débitos que perecerían impagables no exclusivamente en los Organismos de Agua para quienes los tienen, y habrá que añadir a los compromisos; las obligaciones a liquidar en deuda pública y la privada; “los infames juicios laborales o del denominado contingente económico”, además en haciendas como Tultitlán de Mariano Escobedo, Coacalco de Berriozábal y Ecatepec de Morelos, que encabezan los munícipes, Ana María Castro Fernández; David Sánchez Isidoro y Azucena Cisneros Coss, dentro de los ediles del polígono conurbado, que entre tanto, arrastran enormes déficits, una serie de sentencias a cubrir con el dinero público de sobre manera, de una instancia jurisdiccional, o de la Banca de desarrollo y la comercial.

Por otra parte, el llamado a la instalación de los territorios de paz, en el que el asunto de la seguridad pública, continúa de fea manera, en el que la percepción; es eso, percepción más no una realidad que se vive en las calles; en los barrios, “en las Chabolas, las Favelas o las Ciudades Miseria”, que poco avance persiste en los registros; pese a todos los esfuerzos de las Policías Municipales o las “Súper y Anti Constitucionales Guardias Municipales”; en sus funciones de prevención y de proximidad, y destacar las extraordinarias inversiones en equipos; armamento, tecnología de alta gama, instalaciones de videocámaras y de Centros de Control de Mando locales, conectados a los Estatales-C-5.

La evaluación del semestre del 2025 en la materia, bajo, manteniendo índices de inseguridad completamente elevados como lo son en delitos del fuero federal, inalcanzables para hoy en día, todas las fuerzas del orden que simple y llanamente de tiempo atrás vienen siendo rebasadas por la “delincuencia organizada” y que tiene sus reales hoy en día, en zonas densamente pobladas; en una especie de “guerrilla urbana” dentro de precisamente una lucha territorial que comunica del movimiento hacia una nueva sociología del crimen, y que aún y con las 442 sesiones hasta el 25 de junio de las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, presididas por la gobernadora, Delfina Gómez, el secretario General de Gobierno, Horacio Duarte, y mandos policiales, Ejército, Marina y Guardia Nacional, los resultados siguen siendo pobres.

+++Punto y Aparte+++ CEDAW pide a México proteger a madres buscadoras por ser defensoras de derechos

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) pidió al Estado mexicano reconocer a las madres buscadoras de personas desaparecidas con la categoría especial de personas defensoras de derechos humanos, con apoyo y protección.

En sus observaciones finales del décimo informe periódico de México, el instrumento internacional mostró su preocupación especial por las madres buscadoras, el insuficiente apoyo a su búsqueda y el elevado número de defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, atacadas o desaparecidas.

Por eso planteó necesario que se apoye a las mujeres que buscan a personas desaparecidas y a las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, así como a sus familias, “incluyendo unidades especializadas, protocolos y medidas adaptadas a sus necesidades específicas de protección”.

México participó ante el CEDAW el 17 y 18 de junio pasado en Ginebra, Suiza y hoy el organismo emitió sus concusiones. Se dijo “especialmente preocupado” por la situación de las madres buscadoras y “la insuficiente atención que la Comisión (Nacional de Derechos Humanos) presta” a su lucha y a la de las mujeres víctimas de amenazas, desapariciones o asesinatos, amén de “la falta de un diálogo adecuado y seguro con estos grupos”.

Por eso destacó la necesidad de que haya independencia tanto de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) como de CNDH, así como la interacción de ambas con la sociedad civil, para la efectiva protección de todas las mujeres.

El CEDAW instó al Congreso mexicano a cumplir sus recomendaciones, pues algunas de las emitidas en 2018 y 2023 siguen vigentes.

Evidenció el recorte a programas dedicados a la atención a las mujeres, la ausencia de una tipificación única del delito de feminicidio (que ya había observado hace siete años) y “la diversidad de definiciones de feminicidio en el Estado parte, que distorsionan los datos estadísticos”.

Además, señaló que el aborto sigue penalizado en nueve entidades del país y está ausente en la legislación mexicana “la definición de discriminación contra la mujer” –conforme a los estándares de la CEDAW– lo que limita su alcance, mientras que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tiene limitada aplicación y por ello no se judicializan casos.

'El aumento de la violencia de género contra las mujeres y las niñas cometida por agentes estatales y no estatales, incluidas organizaciones criminales, como desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidio, a menudo con armas de fuego”, destacó.

Llamado de atención por uso de prisión preventiva La respuesta de México

Eso está “agravado por respuestas ineficaces e insuficientes, incluidas las políticas de control de armas y seguridad, y la recopilación de datos”, indicó. Además de recomendar que haya aplicación uniforme de protocolos con perspectiva de género, planteó abolir los procedimientos penales abreviados en casos de violencia de género contra mujeres y niñas, incluido el feminicidio.

El organismo pidió al Estado mexicano revise el uso de la prisión preventiva obligatoria –que México insiste en mantener en su legislación– pero especialmente la empleada en contra de grupos vulnerables de mujeres, como las indígenas, las pobres y las que se dedican al trabajo sexual, pues se debe garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad y la seguridad personales.

En un apartado hizo referencias a la reforma y elecciones judiciales.

“El Comité observa que, en el contexto de la reforma judicial en curso, se ha anunciado la capacitación y evaluación del desempeño de los jueces electos; sin embargo, le preocupa que esto pueda resultar insuficiente y que la independencia judicial y la capacidad para garantizar la transversalización de la perspectiva de género en la tramitación de los casos y la justicia puedan verse afectadas”, expuso.

Recomendó por tanto que se salvaguarde la independencia judicial, se mejoren los requisitos mínimos para los candidatos; que se capacite y evalúe a los jueces electos “para asegurar la estricta aplicación de las disposiciones del derecho penal en casos de feminicidio, esterilización forzada y desaparición forzada de mujeres”.

De igual forma concluyó que hay limitaciones al acceso de las mujeres a la información sobre programas públicos, presupuestos con perspectiva de género y procesos judiciales “tras las reformas que, en la práctica, desmantelaron el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales como organismo autónomo”.

Asimismo, concluyó que en México prevalecen prácticas tradicionales nocivas como matrimonios precoces, esterilización forzada, abortos coercitivos, tratamientos de infertilidad no consentidos y la mutilación genital femenina “que afectan especialmente a las mujeres indígenas, afromexicanas y con discapacidad”.

Con cifras de dos meses de 2025, el Gobierno de México aseguró en junio ante la CEDAW que ya se redujeron 29.23% los casos de feminicidio reportados “en comparación con el mismo período de 2024” y se aseguró que México ha sido sensible a la lucha de madres buscadoras y por eso en 2019 se creó la Comisión Nacional de Búsqueda.

También da cuenta de que hoy existe un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas; que el país alcanzó la paridad en el Congreso y el Poder Ejecutivo y que se creó la Secretaría de la Mujer (Semujeres) todo lo cual celebró el Comité.

En comunicado emitido tras la emisión de las conclusiones de la CEDAW, la Secretaría de Relaciones Exteriores apreció hoy los “comentarios positivos” emitidos por ese Comité y reafirmó su compromiso de atender los desafíos “en apego a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos'.

“El Gobierno de México aprecia las observaciones y comentarios positivos respecto a los avances logrados recientemente, en particular: la elección de la primera mujer Presidenta de este país, la creación de la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales sobre igualdad de género (2024)”, expuso la cancillería.

Sin embargo, las conclusiones de la CEDAW fueron en sentido crítico pues si bien reconoció la paridad alcanzada por México y la creación de la Secretaría de las Mujeres, destacó que dos instrumentos que podrían ayudar a las mujeres tienen limitada independencia y eficacia.

“El Comité observa con preocupación los informes sobre la limitada eficacia de la CNDH en la protección de los derechos humanos de las mujeres” y poca interacción con la sociedad civil, lo que “puede socavar su independencia y su capacidad para proteger eficazmente los derechos de las mujeres”. Además, hay “limitada información disponible sobre las medidas concretas adoptadas por el Estado parte para fortalecer la independencia de la Comisión y su mandato de protección de los derechos humanos de las mujeres”.

Fuente: “Expansión, México”

Carina García

07 de julio del 2025.